El gobierno porteño evalúa vender o ceder en concesión dos edificios históricos
Por Laura Brosio
Es un proyecto que sorprendió y suscitó la inquietud de reconocidos patrimonialistas, agrupaciones vecinales y dirigentes de la oposición. Durante la última edición de la feria más importante del sector inmobiliario internacional, que se desarrolló en Cannes en marzo –Mipim 2018- en su stand el gobierno porteño ofreció en venta dos de los edificios más emblemáticos de la Ciudad. Se trata de Bolívar 1 –donde funcionó históricamente la sede comunal, hoy ocupada por el Ministerio de Hacienda-, y el ex edificio de La Prensa, en Av. de Mayo 575, donde funciona el Ministerio de Cultura y que es Monumento Histórico Nacional desde 1985. De acuerdo al brochure que se entregaba a los interesados, Bolívar 1 fue tasado en US$ 30,7 millones mientras que el edificio de La Prensa, en US$ 20 millones.
La intención del Ejecutivo porteño sería venderlos o cederlos en concesión, a pesar de que ambos inmuebles cuentan con protección APH 1 (Área de Protección Histórica), ya que forman parte del entorno de la Plaza de Mayo. Por lo tanto, se inhabilita cualquier modificación en su estructura original tanto en la fachada como en su interior.
Desde la Ciudad se propicia que sean adquiridos o concesionados por alguna cadena hotelera internacional de primer nivel. De hecho, la Dirección General de Proyectos de Participación Público-Privada (PPP), que está a cargo de Ezequiel Rebruj, convocó a los responsables de esos hoteles de lujo para que conocieran detalles de la oferta. La idea sería aplicar el modelo de reconversión del Gran Hotel Royal de Budapest, que pasó de ser un edificio de oficinas públicas a un exclusivo hotel de cinco estrellas. Otra opción que se está evaluando sería darlos en concesión y transformarlos en espacios culturales de gestión público-privada.
Lo cierto es que cualquier medida que se tome, sea la venta o la concesión, deberá ser tratada por la Legislatura. Se aprobaría con 40 votos, de doble lectura con audiencia pública.
El propósito central que anima el proyecto es la decisión tajante de descentralizar la administración. En este sentido, esa fue la razón por la cual se trasladó la sede comunal del Centro a Parque Patricios, al edificio de la calle Uspallata. Según afirmó el ministro de Cultura, Enrique Avogadro, la repartición no tiene plazos de mudanza pero en algún momento deberá dejar la zona del Centro. Desde la Ciudad aseguraron que se planea seguir trasladando dependencias, incluyendo los Ministerios de Hacienda y de Cultura. Sin embargo, el destino de ambos edificios –señalaron- no está definido aún.
Como era de esperar, el proyecto despertó la inquietud y, en algunos casos, el férreo rechazo de patrimonialistas, agrupaciones vecinales que defienden el patrimonio y dirigentes de la oposición porteña. María del Carmen Arias, de la ONG Basta de Demoler, calificó la iniciativa de “inconcebible. Estos edificios son de la Ciudad, no para que el gobierno de turno haga un negocio inmobiliario”. En tanto, la patrimonialista Mónica Capano –ex titular de la Comisión Nacional de Monumentos e integrante del Observatorio de Patrimonio y Políticas Urbanas- expresó que “es una locura que la Ciudad se desprenda de estos edificios. Con este tipo de acciones se pierden referencias patrimoniales simbólicas de Buenos Aires”. Por su parte, el arquitecto e historiador Ramón Gutiérrez, uno de los fundadores del Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, también mostró su disconformidad: “Estos edificios son muy significativos para la cultura. Es increíble que un gobierno piense en desprenderse de ellos. Habla de puro negocio”.
Asimismo, la iniciativa puso en estado de alerta a varios legisladores de la oposición. Hace unos días, en la Legislatura porteña se presentaron tres pedidos de informes sobre el tema, para que el Ejecutivo ratificara o negara la medida. Tal información fue solicitada por los diputados Javier Andrade –vicepresidente de la Comisión de Planeamiento del cuerpo legislativo- (FpV), Sergio Abrevaya (GEN) y Gabriel Solano (FIT). Abrevaya apuntó que “es inconcebible, de ser cierto y confirmado, que se imagine poner en venta u ofrecer para su uso los edificios de Bolívar 1 y el de La Prensa sin respetar la historia, desdeñando las protecciones existentes y, además, sin contar con la autorización correspondiente del Poder Legislativo”. Los pedidos fueron desestimados porque la mayoría del oficialismo se impuso en las votaciones que se realizaron. El paso a seguir será lograr el tratamiento del tema en la Comisión de Planeamiento que, en sus dos terceras partes, está integrada por legisladores del PRO. Por otro lado, los vecinos próximamente presentarán otro pedido basado en la Ley 104 de Acceso a la Información Pública, que insta al Ejecutivo a responder.